2-9-09
El Ayuntamiento (PSC e IC) sostiene que, con la ordenanza de civismo (en vigor desde 2006 y que prevé multas para prostitutas y clientes), identifica y sanciona a las mujeres, la mayoría inmigrantes sin papeles. Después las entrega al Cuerpo Nacional de Policía del Ministerio del Interior. Si las mujeres no son expulsadas del país, ya no es cosa suya, sostiene. La Delegación del Gobierno en Barcelona eludió públicamente contestar a estas acusaciones del gobierno municipal, aunque recordó que no basta con la entrega de una inmigrante irregular sin identificar, porque esto imposibilita su expulsión a países del África subsahariana con los que no existe convenio de extradición. Los Mossos d'Esquadra, por su parte, afirman que su cometido no es perseguir a las prostitutas.
En la oposición, Convergència i Unió aseguró que el Ayuntamiento no aplica con rigor la ordenanza y criticó que la plantilla de la Guardia Urbana se vea mermada un 60% en verano. Para el PP, el problema es que la ordenanza es "confusa y difícil de aplicar", mientras que ERC pidió un "pacto político".
Ante la ineficacia de la ordenanza, vecinos del Raval, comerciantes de la Boqueria y las trabajadoras sociales que ayudan a las prostitutas se mostraron partidarios de legalizar la prostitución para que las mujeres ejerzan en locales regulados.
El País
__________________________________________________________________________________________________
Hereu afronta su peor inicio de curso por el incivismo
El equipo de gobierno del alcalde Jordi Hereu inicia el nuevo curso con varios frentes abiertos con un denominador común: la ordenanza cívica. Por un lado, por la petición tanto de algunos hoteleros, comerciantes y vecinos de modificar la normativa para impedir el ir semidesnudo por la calle o en establecimientos, algo cada vez más habitual, como ha ido informando este diario a lo largo del verano, y, por otro, por la exigencia especialmente pronunciada por la oposición de que se aplique con firmeza la ordenanza en las prohibiciones que sí recoge, como el orinar en la vía pública, una práctica usual en zonas del centro de la ciudad, o el practicar sexo de pago en las zonas de las playas, de las que también ha dado debida cuenta EL PERIÓDICO. La gota que ha colmado el vaso ha sido la publicación, ayer en El País, de unas brutales imágenes mostrando con toda claridad actos sexuales con prostitutas bajo los porches del mercado de la Boqueria.
Con este panorama se encontrará esta mañana la concejala de Seguridad, Assumpta Escarp, que fue ponente de la norma que se aprobó en diciembre del 2005 con los votos a favor de PSC, ERC (entonces socios en el gobierno) y CiU. Lo hará durante el balance que hará de un verano en el que además de las obras que invaden Barcelona han tenido protagonismo escenas incívicas principalmente en un centro de la ciudad atestado de turistas. Y lo hará una semana después de que el alcalde Hereu afirmara, el día de la entrega de los premios de las fiestas de Sants, que este verano había destacado por la seguridad en las calles.
La publicación de las imágenes de la Boqueria encendieron de nuevo las críticas de la oposición (CiU, PP y ERC), que ayer coincidió en acusar al equipo de gobierno de falta de interés en la aplicación de la ordenanza de civismo y exigieron al consistorio más efectividad policial para aumentar el nivel de cumplimiento. El líder municipal republicano, Jordi Portabella, incluso pidió un pacto unitario al que se sume ICV-EUiA (que aun siendo socio del entonces tripartito no apoyó la ordenanza) para acabar con la degradación del espacio público, que ha alcanzado, dijo, «límites inaceptables» en puntos como en la Boqueria.
CERRAR A LA BOQUERIA / Precisamente el presidente de este mercado, Manel Ripoll, exigió ayer que «se cierre el mercado con vidrio para garantizar la seguridad durante la noche», una medida, la de vetar la entrada al recinto, que también pronunció el líder municipal de CiU, Xavier Trias. La solución que según la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) evitaría escenas de sexo de pago en plena calle es la legalización de la prostitución, porque, explicó su vicepresidente, Jordi Giró, la acción policial «sólo consigue que el problema se traslade de lugar». Una opinión que compartieron entidades que trabajan con prostitutas.
El Periódico
__________________________________________________________________________________________________
Sexo de pago en plena calle junto al mercado de La Boqueria
Comerciantes y vecinos de Barcelona protestan ante el ejercicio de la prostitución en la zona
La dueña señala un condón usado junto a su tienda de bolsos. Esta vendedora, que opta por el anonimato, trabaja en La Boqueria, el mercado más célebre de Barcelona y uno de sus principales atractivos turísticos. Lo primero que tiene que hacer cada madrugada cuando abre es deshacerse de los restos que han dejado noches muy movidas: el mercado de comestibles se convierte cuando se hace oscuro en "una casa de citas" según el presidente de los tenderos, Manel Ripoll. Las prostitutas prestan sus servicios, por escasos 20 euros, entre las columnas que rodean la Boqueria, que ofrecen un escondite muy precario de La Rambla adyacente y siempre abarrotada de turistas.
En esos porches se refugian, entre carteristas y vagabundos que duermen, las prostitutas más degradadas de la ciudad, aquellas que no disponen de un piso para trabajar o que no pueden competir en las inmediaciones del Camp Nou, el otro foco clásico de prostitución en Barcelona, junto al Raval. Jóvenes africanas -muchas víctimas de la explotación- y, especialmente, travestidos latinoamericanos aprovechan los muchos recovecos oscuros y escondidos de la zona sur del Raval.
Y eso que la Boqueria es "una zona donde el tránsito de alimentos es continuo, por lo que las condiciones de salubridad tienen que ser óptimas". No fue uno de los vendedores quejumbrosos quien resumió de forma tan certera el problema, sino Carles Martí. Era 2003 y ejercía de edil del distrito de Ciutat Vella. El hoy primer teniente de alcalde de Barcelona anunció entonces que cerraría los porches de noche, y le aplaudieron los comerciantes.
Seis años y una ordenanza cívica después no ha cambiado nada en ese lugar. Los políticos municipales siguen dándole vueltas a la norma, que prevé multas para quien ofrezca y demande sexo en la calle. Mientras discuten si ahora debe regular la libertad de los paseantes a vestirse como quieran, la ordenanza fracasa noche tras noche en La Rambla.
"Es vergonzoso. Las niñas hacen de todo entre las columnas y los camiones de mercancías", dice la dueña de un puesto de quesos. A media mañana, entre turistas despistados y comerciantes ajetreados aún se ve alguna jeringuilla junto a la terraza de algún bar. Y cuando los puestos cierran, aún quedan embalajes de preservativos por los rincones. "Es mi desesperación como presidente", se lamenta Ripoll.
Poco puede hacer ante este panorama la encargada de hacer cumplir la ordenanza, la policía local. Un portavoz cuenta que las prostitutas se van a otras zonas del barrio cuando las persiguen en La Rambla. Y vuelven a esa vía cuando las van a buscar allí. Así indefinidamente.
"No se puede atacar el fenómeno con presión policial", opina Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona: "Hasta que no se regularice la prostitución no vemos ninguna posibilidad de influir de forma efectiva en el fenómeno", explica. Hasta entonces, prosigue, habrá prostitutas en la calle.
Así que ni ordenanzas ni policías. Hacer posible que las prostitutas puedan constituir "cooperativas" para habilitar "espacios autogestionados" y escapar así de la precariedad es la receta que propone Fernández. "El problema es que la normativa municipal hace muy difícil abrir un local de este tipo en el Raval", añade.
Y eso que en el barrio los hay y los ha habido. Los evocó en su obra Manuel Vázquez Montalbán, que creció allí, los retrató Josep Maria de Sagarra, que se adentró en la zona durante su juventud burguesa, y los recuerda Maria Casas, presidenta de la asociación de vecinos Taula del Raval. "Antes había meublés y bares con un reservado, y esas mujeres convivían con los vecinos", narra.
Aún se ve alguna de esas viejas trabajadoras por la calle de Robadors, pero ya hace tiempo que la mayoría ha sido sustituida por las jóvenes inmigradas, que no sólo se prostituyen, sino que también roban y se pelean entre ellas por los clientes. "Es su cuerpo y pueden decidir qué hacen con él. Se debe diferenciar entre ese derecho de las personas y el incivismo, la violencia y la agresión", dice Casas, que también reclama espacios para que estas trabajadoras puedan abandonar la calle.
Otras soluciones al problema pasan por el urbanismo. "Estaría muy bien dar más licencias para tener una zona de terrazas, como en la plaza Reial", apunta Oti Pérez. Tiene uno de los pocos restaurantes que hay en los porches y se ve obligada a cerrar cuando anochece y las prostitutas y los ladrones se adueñan de la zona.
Sin entrar en esa posibilidad, el Ayuntamiento señala ahora que afrontará el problema cuando reforme la plaza de la Gardunya. Este espacio al que todos los edificios colindantes dan la espalda y que alberga un aparcamiento será objeto de la última gran intervención de las que ha sufrido el Raval en los últimos decenios. La reforma ha arrancado este año, y deberá acabarse en 2012. Ripoll confía en que entonces se atienda su demanda de cerrar los porches. Mientras tanto, los comerciantes deberán seguir rociando con agua y lejía el suelo cada mañana, antes de transportar a sus tiendas los comestibles.
Cuatro años de fracaso
- Diciembre de 2005. La ordenanza cívica de Barcelona se aprueba en diciembre de 2005 y entra en vigor en enero de 2006. Prohíbe la mendicidad, la venta ambulante y todo tipo de actos incívicos. La prostitución callejera está prohibida si supone una invasión del espacio público o se produce a menos de 200 metros de un colegio. Las sanciones previstas por ofrecer o pedir sexo en la calle son de entre 300 y 750 euros para el cliente y para la prostituta.
- Enero de 2006. Montserrat Tura propone en enero de 2006, siendo consejera de Interior, regular "los servicios sexuales a cambio de remuneración". La prostitución sólo sería posible en locales con licencia, gestionados por las propias trabajadoras en régimen de autogestión o en establecimientos alquilados a terceras personas. Los clientes estarían obligados a utilizar preservativos y los meublés llevarían registro del carnet de identidad de los clientes. El proyecto queda en nada por falta de acuerdo dentro del propio tripartito.
- Junio de 2006. A los seis meses de la entrada en vigor de la ordenanza, el Consistorio hace un primer balance. Se habían impuesto 2.030 sanciones por prostitución; 760 fueron para prostitutas sancionadas por ofrecer sus servicios a menos de 200 metros de un centro escolar; 518 clientes fueron multados por demandar los servicios. La mitad de los clientes pagó la multa en el acto. Sólo 23 sanciones eran por la realización del acto sexual en la calle. Estas multas oscilan entre 1.500 y 3.000 euros.
- Datos de 2007. En 2007, último ejercicio del que hay datos, el Ayuntamiento barcelonés impone 2.937 sanciones por ejercer la prostitución en la vía pública; 874 recaen en clientes. También se impone un centenar de sanciones por ir desnudo, a partir de una denuncia ciudadana ya que la ordenanza no lo prohíbe y se recurre a multar por ofender las convicciones y pautas sobre la convivencia.
- Diciembre de 2007. En 2004, el Consistorio dio cuatro años a los prostíbulos para que se adaptasen a la nueva norma de burdeles. En diciembre de 2007, les concede una moratoria de un año. Hay entonces 202 prostíbulos: 176 no han hecho obra alguna y 26 se han adaptado a la normativa municipal. En ellos trabajan 4.000 personas y se estima en 20.000 el número de prostitutas repartidas entre los locales, pisos y la calle. Un año más tarde, en diciembre de 2008, anula la ordenanza por la imposibilidad de hacerla cumplir. Sólo rige para los locales de nueva creación. Los antiguos basta con que soliciten la licencia, en el caso en que carecieran de ella. La nueva normativa de prostíbulos lleva al cierre de 18 meublés; 13 lo hacen de forma voluntaria al recibir la notificación de que no tienen licencia y 5 son precintados. A otros 14 se les abre expediente por idéntico motivo. La ordenanza municipal obliga a los locales de alterne a no lindar con pisos de vecinos y estar lejos de centros de enseñanza, instituciones públicas e iglesias.
BERTRAN CAZORLA 01/09/2009
El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario