4-2-11
Los últimos datos disponibles son contundentes: muestran un incremento desde las 2.108 a las 2.386 entidades del 1 de enero de 2008 al 1 de julio de 2010 sólo en el ámbito regional. Y únicamente teniendo en cuenta las empresas con participación mayoritaria de las comunidades. Eso sí, estas cifras “no recogen los efectos de las medidas de racionalización del sector público autonómico que los diversos gobiernos regionales han adoptado en el transcurso del segundo semestre del año”, asevera el Ministerio de Economía en una nota de prensa.
En la Administración central, el inventario general de entes es más modesto y contabiliza (a 1 de enero del año pasado) 474 con participación mayoritaria del Estado, frente a los alcanzaban los 477 de 2007. Aunque hay más: 127 consorcios, 586 empresas con participación minoritaria y 47 fundaciones con participación minoritaria. Esta estadística no recoge la supresión de 29 entidades más que en primavera aprobó el Gobierno.
Pero la multiplicación de este tipo de entes, una vía de engorde del sector público con ciertas ventajas para los gestores, no sólo se ha producido por el camino autonómico. De hecho, los expertos consultados aseguran que el mayor peso ha llegado de la mano de los ayuntamientos y diputaciones. “El problema es que hay una maraña de datos considerable y es casi imposible saber el número de entes que hay de este tipo”, indica Julio Gómez-Pomar, director del Centro de PwC&IE del Sector Público.
Incalculables
Según los cálculos de Manuel Arenilla, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, podrían llegar a las 8.000 las empresas locales y a 18.000 las entidades territoriales. Fuentes de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), hablan de una cifra bastante menor, cerca de 10.000 en total.
¿Y a qué se debe el éxito de las empresas públicas? Estos entes suponen una herramienta de gestión que aporta mayor independencia administrativa que otros organismos públicos: en la contratación de personal (que no tiene que llegar por oposición), la fijación de salarios (de hecho muchas de ellas no se vieron afectadas por el recorte del 5% de media de sueldo) y para realizar contratos. “Hay menos control administrativo y político”, indica Arenilla. “Permiten más flexibilidad en la gestión”, explica Gómez-Pomar.
Además, su déficit no se contabiliza en el de la administración, si no que va directamente a deuda, por lo que también se utiliza como una fórmula de evitar sustos en las cuentas públicas.
Manuel Arenilla destaca que la plantilla de estos organismos se ha incrementado en más de 50.000 empleados entre 2005 y 2010, y 33.000 personas no pertenecen a los cuerpos de seguridad (que es uno de los argumentos que utilizan los dirigentes). Aunque la Encuesta de Población Activa, por su parte, recoge un incremento en ese periodo en las "empresas e instituciones públicas" de unos 7.000 trabajadores, hasta un total de 152.100 personas.
También Arenilla pone de relieve la, según él, cuestionable finalidad de algunas de ellas: “Hay muchas que tienen sentido, pero otras menos, se pueden encontrar empresas de alfombras y de producción audiovisual”.
El portavoz de Fedeca subraya, además, dos aspectos: por un lado, la contratación. “No siempre se hace por oposición ni por méritos, muchas veces son a dedo”. Por otro, las posibles inherencias: “Muchas operan en sectores que no son estrictamente de interés público’”. Y añade: “Las que más han aumentado en los últimos años son las fundaciones y sociedades mercantiles, las menos sujetas al control público”.
No obstante, este tipo de entes también tienen puntos a su favor: a través de ellas “se han ido introduciendo mecanismos de competencia en su gestión que promueven el desarrollo de servicios”, indica un informe de José Manuel Prado Lorenzo, catedrático de Universidad, Martín Jiménez, catedrático de Escuela Universitaria e Isabel María García Sánchez, profesora de la Universidad de Salamanca.
El endeudamiento y la población pesan
Este documento, titulado El proceso de corporatización en España: evolución y factores explicativos, también analiza qué factores inciden más a la hora de crear estas empresas en las regiones. Y concluye: “Su causa parece estar más vinculada, al menos a nivel autonómico, por el intento de los dirigentes políticos de eludir las limitaciones al endeudamiento de las administraciones públicas establecidas por la Unión Europea, buscando la obtención de beneficios políticos oportunistas”.
Así, destaca, como especialmente relevantes “la ideología política progresista, el endeudamiento, la población y la forma en que el gobierno ejerce sus funciones, si bien el efecto no es coincidente en los distintos ámbitos de la administración pública”.
¿Bula?
El atractivo de esta fórmula es evidente, pero ¿por qué esto se mantiene así? ¿Acaso tiene una bula? Pues su pervivencia, según indica Arenilla, se explica justamente en su singularidad y complejidad administrativa. “Cada decisión pasa por el presidente, el patronato y, si tiene participación privada, por sus gestores. Cada cambio supone meses de trabajo y de sucesión de filtros. Al haber tantas, de hecho, no hay cálculos de todas, es muy complicado. La decisión que toma un ministro no tiene una aplicación inminente en ellas, como en otras partes de la Administración”. Por tanto, la propuesta que Mariano Rajoy efectuó hace unos días para acabar con 4.000 entes, parece ciertamente inviable, al menos con las condiciones actuales.
¿Soluciones? Las hay, señalan los expertos, pero no son sencillas: “Se debería hacer un plan conjunto viendo cuáles son necesarias y entonces crearlas, no hacer programas de eliminación de un número, como se ha efectuado hasta ahora”, explica Arenillas. “También se deberían evitar las duplicidades entre los distintos niveles”, añade Gómez-Pomar. ¿Será éste el próximo reto de la Administración?
http://www.expansion.com/2011/02/01/funcion-publica/1296565487.html?a=4a6848a954295d1b492d13273ca4db50&t=1297095122
M.G. Mayo
Expnsión
Pero la multiplicación de este tipo de entes, una vía de engorde del sector público con ciertas ventajas para los gestores, no sólo se ha producido por el camino autonómico. De hecho, los expertos consultados aseguran que el mayor peso ha llegado de la mano de los ayuntamientos y diputaciones. “El problema es que hay una maraña de datos considerable y es casi imposible saber el número de entes que hay de este tipo”, indica Julio Gómez-Pomar, director del Centro de PwC&IE del Sector Público.
Incalculables
Según los cálculos de Manuel Arenilla, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, podrían llegar a las 8.000 las empresas locales y a 18.000 las entidades territoriales. Fuentes de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), hablan de una cifra bastante menor, cerca de 10.000 en total.
¿Y a qué se debe el éxito de las empresas públicas? Estos entes suponen una herramienta de gestión que aporta mayor independencia administrativa que otros organismos públicos: en la contratación de personal (que no tiene que llegar por oposición), la fijación de salarios (de hecho muchas de ellas no se vieron afectadas por el recorte del 5% de media de sueldo) y para realizar contratos. “Hay menos control administrativo y político”, indica Arenilla. “Permiten más flexibilidad en la gestión”, explica Gómez-Pomar.
Además, su déficit no se contabiliza en el de la administración, si no que va directamente a deuda, por lo que también se utiliza como una fórmula de evitar sustos en las cuentas públicas.
Manuel Arenilla destaca que la plantilla de estos organismos se ha incrementado en más de 50.000 empleados entre 2005 y 2010, y 33.000 personas no pertenecen a los cuerpos de seguridad (que es uno de los argumentos que utilizan los dirigentes). Aunque la Encuesta de Población Activa, por su parte, recoge un incremento en ese periodo en las "empresas e instituciones públicas" de unos 7.000 trabajadores, hasta un total de 152.100 personas.
También Arenilla pone de relieve la, según él, cuestionable finalidad de algunas de ellas: “Hay muchas que tienen sentido, pero otras menos, se pueden encontrar empresas de alfombras y de producción audiovisual”.
El portavoz de Fedeca subraya, además, dos aspectos: por un lado, la contratación. “No siempre se hace por oposición ni por méritos, muchas veces son a dedo”. Por otro, las posibles inherencias: “Muchas operan en sectores que no son estrictamente de interés público’”. Y añade: “Las que más han aumentado en los últimos años son las fundaciones y sociedades mercantiles, las menos sujetas al control público”.
No obstante, este tipo de entes también tienen puntos a su favor: a través de ellas “se han ido introduciendo mecanismos de competencia en su gestión que promueven el desarrollo de servicios”, indica un informe de José Manuel Prado Lorenzo, catedrático de Universidad, Martín Jiménez, catedrático de Escuela Universitaria e Isabel María García Sánchez, profesora de la Universidad de Salamanca.
El endeudamiento y la población pesan
Este documento, titulado El proceso de corporatización en España: evolución y factores explicativos, también analiza qué factores inciden más a la hora de crear estas empresas en las regiones. Y concluye: “Su causa parece estar más vinculada, al menos a nivel autonómico, por el intento de los dirigentes políticos de eludir las limitaciones al endeudamiento de las administraciones públicas establecidas por la Unión Europea, buscando la obtención de beneficios políticos oportunistas”.
Así, destaca, como especialmente relevantes “la ideología política progresista, el endeudamiento, la población y la forma en que el gobierno ejerce sus funciones, si bien el efecto no es coincidente en los distintos ámbitos de la administración pública”.
¿Bula?
El atractivo de esta fórmula es evidente, pero ¿por qué esto se mantiene así? ¿Acaso tiene una bula? Pues su pervivencia, según indica Arenilla, se explica justamente en su singularidad y complejidad administrativa. “Cada decisión pasa por el presidente, el patronato y, si tiene participación privada, por sus gestores. Cada cambio supone meses de trabajo y de sucesión de filtros. Al haber tantas, de hecho, no hay cálculos de todas, es muy complicado. La decisión que toma un ministro no tiene una aplicación inminente en ellas, como en otras partes de la Administración”. Por tanto, la propuesta que Mariano Rajoy efectuó hace unos días para acabar con 4.000 entes, parece ciertamente inviable, al menos con las condiciones actuales.
¿Soluciones? Las hay, señalan los expertos, pero no son sencillas: “Se debería hacer un plan conjunto viendo cuáles son necesarias y entonces crearlas, no hacer programas de eliminación de un número, como se ha efectuado hasta ahora”, explica Arenillas. “También se deberían evitar las duplicidades entre los distintos niveles”, añade Gómez-Pomar. ¿Será éste el próximo reto de la Administración?
http://www.expansion.com/2011/02/01/funcion-publica/1296565487.html?a=4a6848a954295d1b492d13273ca4db50&t=1297095122
M.G. Mayo
Expnsión
